Las compañías pueden contar durante unos meses con un abogado en su sede para asuntos críticos.

Profesionales del derecho que se incorporan a las empresas de manera temporal, esa es la base del legal interim management. Se trata de un servicio que puede aportar valor a las compañías en momentos críticos, cuando precisan de apoyo jurídico extra ante un pico de trabajo o bien para abordar un nuevo proyecto que requiere de conocimiento especializado y que la asesoría jurídica interna no puede abordar. Aporta flexibilidad porque permite incorporar talento legal por un periodo de tiempo determinado.

“Tienes un profesional desplazado, pero además cuentas con el respaldo de los abogados y socios, con el apoyo de todo el bufete”, comenta Cristina de Santiago, socia directora de Aledra, quien señala las áreas de compliance o de protección de datos como las más demandadas. “Se busca también una especialización por proyectos, para complementar la asesoría jurídica. Y en la parte mercantil, para cuando se dan incrementos de trabajo en contratos, por ejemplo. En mi experiencia, es más difícil que se dé en áreas como procesal o fiscal”, comenta. También funciona para la gestión de operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones) o de compra, pero, en general, en aquellas en las que no se justifica la contratación directa de un abogado.

Ventajas

La adaptabilidad es la ventaja que destacan desde el despacho Santiago Mediano Abogados, con varios clientes con esta modalidad. Su socio, Javier Berrocal, subraya que todo depende del alcance que la empresa plantea: en algunos casos prima la especialización y en otros se prioriza la gestión del volumen de trabajo. “A partir de ahí, se adapta todo. Hay asuntos que ni siquiera se gestionan a través de un único implanter, sino de varios equipos”, destaca.

La duración del proyecto es flexible, pero lo habitual es que la estancia del legal interim manager oscile entre los seis y los ocho meses, ampliables según se necesite. En los costes es donde las empresas pueden ver un inconveniente porque, a corto plazo, pueden ser superiores a la integración de un abogado. “El coste unitario es más caro que una contratación, pero visto a medio o largo plazo, es una verdad relativa, porque toda la ineficiencia que puede derivar de una relación laboral, con los gastos fijos y las posibles bajas, la asume el bufete que da este servicio”, recalca el experto. Para determinadas compañías puede resultar más viable porque no suma gastos de estructura y pueden justificarlo en un esquema de control de costes fijos, muy común en multinacionales.

“Si tienes un abogado in house muy especializado, te va a costar más, aunque no sepa de todo y pierda este concepto de multidisciplinar. Si la empresa no es muy grande, es más conveniente tenerlo externalizado”, insiste Cristina de Santiago. Algunos empresarios son reticentes a depender de externos para temas legales, pero si la asesoría jurídica propia se centra en el día a día del negocio, parece lógico incorporar apoyo externo temporal.

Desafíos

Un reto es la rápida integración del profesional. Lo ideal es que tenga habilidades para establecer relaciones y que sea ágil al adaptarse a la cultura interna de la empresa, a los formatos y rutinas que se utilizan en ella, que trabaje por la empresa y defienda sus intereses, evitando cualquier posible conflicto. En muchas ocasiones, este servicio no es tan interino y es algo más consolidado, porque el abogado se integra como parte de su asesoría jurídica interna. “El auge de los legal interim managers se explica por una tendencia en las grandes compañías que tratan de mantener en unos mismos niveles la contratación de abogados”, señala Javier Berrocal.

También se requieren coberturas específicas para cuando, en la propia asesoría jurídica, se acumulan bajas. En estos casos, el plus para las compañías es que contarán con un profesional que viene de un bufete con el que ya trabajan, que hace de filtro en la selección del abogado. “Van a lo seguro. Les van a facilitar un profesional solvente y de confianza, de un proveedor de servi­cios legales que ya los conoce, reduciendo el margen de error y con capacidad para abordar temas delicados”, explica Berrocal.

El profesional que se integra debe estar muy orientado al cliente, con una vocación marcadamente empresarial, algo que las compañías agradecen. Los legal interim managers aportan flexibilidad y una solución para estos casos.

Oportunidad para abogados júnior

Perfiles. El perfil del profesional que ejerce como implanter es distinto y dependerá de la necesidad que plantee la empresa. Si el refuerzo se debe enfocar en materia contractual, por ejemplo, los expertos advierten de que no se necesita una experiencia muy extensa. Con un abogado júnior se puede solventar perfectamente esta carga extra de trabajo, eso sí, con supervisión continua desde el despacho. Pero hay casos en los que se requiere un perfil más elevado, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual o industrial. Si surge un conflicto legal muy específico, puede haber un riesgo para la asesoría jurídica interna si asume el asunto sin conocerlo.

Integración. Para Cristina de Santiago, es una buena oportunidad de formación y crecimiento para perfiles júnior, que tendrán la posibilidad de experimentar y aprender de una cultura empresarial concreta, lo que mejorará sus competencias profesionales. Y la empresa dispondrá de un servicio completo, con un profesional joven y adaptable que de manera permanente contará con el apoyo de los sénior del despacho. Los abogados suelen adaptarse bien y participan de los eventos corporativos. Además, puede ser la puerta de entrada a un puesto de trabajo en la empresa. “En muchas ocasiones, las compañías terminan contratando al legal interim manager al cabo de unos años”, explica la experta de Aledra.

Negocio. Tal como subraya Javier Berrocal, las compañías que integran a un interino en su área legal agradecen mucho que conozca el mercado, que tenga la capacidad de dar una respuesta rápida y efectiva y que el abogado tenga una visión comercial propia de los negocios. “No es el del abogado catedrático, sino que tiene una vocación muy empresarial”, subraya.

Cristina de Santiago, socia directora de Aledra Legal